El anteproyecto de Ley de la Vivienda, rechazado
El viernes 14, en sesión extraordinaria, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que pretendía aprobar el Consejo de Ministros la próxima semana. El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado rechazarlo por la falta de apoyo de la mayoría de los vocales que conforman el pleno. Volverán a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.
Puntos a concretar del primer borrador
Este primer borrador de la Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, se considera un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, pero presenta cierta falta de concreción en algunos puntos, como son:
- No tiene en cuenta las aportaciones y valoraciones del sector inmobiliario (sobre todo la visión de los propietarios, uno de los colectivos a quienes afecta directamente la norma).
- La nueva Ley ha de convivir con la numerosa legislación autonómica dictada en materia de vivienda y parece ser que uno de los grandes desacuerdos es el reparto de las competencias de las administraciones.
- No especifica los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
- Dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantiza debido a que algunos enunciados y contenidos son imprecisos. Por ejemplo: no concreta sobre la definición de conceptos como «infravivienda», «vivienda digna y adecuada» y «condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero»; ni en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.
- No especifica los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Por ejemplo: respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho y en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) envió un mensaje de tranquilidad y plena confianza en que esta ley será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva y que contará con todas las garantías y plena seguridad jurídica.
