Guerra abierta en el Gobierno por el control del alquiler

El ruido en torno a las directrices que incluirá la futura Ley de Vivienda en relación al mercado del alquiler sigue levantando ampollas entre PSOE y Podemos. El acuerdo alcanzado en octubre, que propició la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, llevaba en su letra pequeña aprobar la normativa en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, con la inclusión de los mecanismos necesarios para controlar los precios del alquiler de forma puntual y en zonas más tensionadas. Una regulación que llega en pleno descenso de las rentas por el impacto de la crisis del coronavirus y que congela (al menos de momento) la premura de tomar medidas al respecto.

La normativa lleva varios meses sobre la mesa y se ha retrasado hasta en dos ocasiones en lo que llevamos de año. El aplazamiento de los plazos ‘sine die’ ha colmado la paciencia de la formación morada, que acusa al PSOE de eternizar la negociación y no mantener una actitud proactiva para alcanzar un acuerdo. El partido de Pablo Iglesias exige establecer límites a los precios del mercado de alquiler, similar al que se aplica en Cataluña desde el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado esta semana que el PSOE prefiere incentivar fiscalmente a aquellos propietarios que alquilen por debajo de los precios que marquen los índices de referencia, como el publicado por su propio Ministerio. De hecho, ha confirmado que esta iniciativa ya se encuentra en fase de consultas con el Ministerio de Hacienda, que analizará cómo articular esta posibilidad.

Lo que ha quedado claro a lo largo de este mes es que los partidos de Gobierno tienen unas concepciones muy distintas a la hora de afrontar una mejora del mercado del alquiler de viviendas en España.
De hecho, Ábalos ha destacado ahora que no comparte una limitación a las rentas del arrendamiento porque «puede haber una detracción del mercado y hacer que esas viviendas acaben el mercado de la compraventa», y ha destacado que “es más eficaz promover que imponer”.

El ministro, además de velar por la mejora de la oferta, cree que deben ser las Administraciones Públicas en todos sus ámbitos las que deben dar prioridad a la vivienda y “no transferir esa responsabilidad a los particulares”.

Ábalos ha pedido, además, paciencia y tiempo para aprobar la que será la primera Ley por el Derecho a la Vivienda en España, en un claro aviso a Podemos de no se va a llevar, al menos, en este mes al Consejo de Ministros.

Pero estas palabras han indignado a Podemos, y en las últimas horas se han sucedido las reacciones. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha considerado en unas declaraciones a los medios en el acto de ceremonia del 40 Aniversario del 23F en el Congreso de los Diputados que “es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al Gobierno de coalición”, en una clara alusión a las declaraciones de Ábalos, y al acuerdo firmado en el pacto de Gobierno firmado a finales de 2019 que incluía el freno a las subidas abusivas del alquiler.

Medidas jurídicamente compatibles con el derecho a la propiedad

Las fricciones entre los miembros del Gobierno de coalición también han llegado al Consejo de Ministros y la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que salir en defensa de Ábalos. “El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) nunca se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler. No se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno para evitar las subidas abusivas de precios de alquiler en zonas tensionadas, la discusión está en cuál es el instrumento que mejor lo posibilita», ha afirmado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que se mantiene la negociación entre ambos partidos, y que deben abrirse a otros mecanismos más allá del control de precios. Además, reiteró que se están estudiando las mejores herramientas contando con la adecuada legalidad y certidumbre.

“Todas las medidas en favor de la vivienda como derecho social tienen que ser jurídicamente compatibles con los derechos que también concede la Constitución en materia de propiedad privada, que son igualmente importantes para hacer un texto que tenga todas las garantías tanto para los propietarios, como arrendatarios y los inversores”, aclaró la ministra portavoz.

El Gobierno no puede obviar que varios artículos del Decreto-ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda han sido declarados inconstitucionales y nulos recientemente por el Tribunal Constitucional.

“Hay que aprovechar la experiencia de otros países, y de algunos ayuntamientos y evitar efectos secundarios no deseados con la aplicación de la normativa como la de una contracción de la oferta del alquiler”, ha sentenciado Montero.

La defensa de la propiedad privada y la necesidad de buscar fórmulas como los incentivos fiscales en lugar de apostar por las limitaciones de precios precisamente son algunas de las peticiones más repetidas por los expertos del sector inmobiliario. Desde las asociaciones de propietarios de viviendas de alquiler, hasta economistas, pasando por gestoras de viviendas e inversores internacionales, el mercado lleva semanas alertando del peligro que puede suponer la nueva normativa para el stock de viviendas en alquiler y la evolución de los precios, y del perjuicio de minar la seguridad jurídica.

Según explican fuentes de mercado, “Podemos exige cumplir un acuerdo que se firmó a finales de 2019, antes de la pandemia y sobre todo antes del desplome de los precios. Viendo cómo está cayendo el alquiler no parece razonable insistir en cumplir unas exigencias que simplemente ya han dejado de tener sentido. Además, tras la experiencia de la regulación catalana, que ha sido declarada inconstitucional recientemente, es lógico que el Gobierno actúe de manera prudente. Aprobar una regulación que podría ser declarada inconstitucional en el futuro sería una locura política».

Lo que dice el acuerdo de coalición

Podemos se encuadra en el acuerdo programático que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019 donde se incluía un apartado sobre los precios en el mercado de alquiler. Esto es lo que pone en el texto, donde no se propone explícitamente un límite, pero sí de medidas para “poner techo a las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas” y que se “puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler”.

Frenaremos las subidas abusivas del alquiler.

• Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.
• Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
• El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

El propio ministro Ábalos avanzó pocos días antes del estallido de la pandemia del coronavirus en una Comisión de su área en el Congreso de los Diputados que llevaría “una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Pero todo quedó paralizado con la crisis del covid-19, cuyo impacto se está dejando notar en las rentas de las principales ciudades españolas.

En Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla o Málaga, por ejemplo, los precios del alquiler registraron una bajada récord en 2020, según los datos de idealista. Y durante el pasado mes de enero, los descensos continuaron: en la capital española, la renta media retrocedió un 1,3%, mientras que en la capital catalana bajó un 2% y en Málaga, otro 2,4%. Así, desde los máximos de la serie histórica alcanzados el pasado mes de mayo, el precio del alquiler ha caído un 16,8% en el caso de Barcelona y un 11,9% en el de Madrid.

Las otras medidas que exige Podemos

Pero las pretensiones de Podemos no se quedan ahí, y en las últimas semanas ha añadido nuevos puntos a la negociación como la de introducir algún tipo de impuesto sobre las viviendas vacías, sean de grandes tenedores o de particulares, para empujarles a sacarlos al mercado, sobre todo de arrendamiento.

La salida al mercado de la vivienda vacía es un tema recurrente que vuelve a ponerse de actualidad cuando se debate sobre los problemas de accesibilidad a la vivienda, la falta de oferta en el mercado de compraventa y de alquiler y los altos precios de las casas. Pero la realidad es que no se sabe exactamente cuánta vivienda vacía hay en España, ni dónde está ni cómo se encuentran.

La otra cuestión que Podemos ha querido introducir en la negociación es la de la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social. La Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, es la persona elegida por el vicepresidente Iglesias para seguir la negociación por la parte de sus competencias sociales, mientras que por parte de Vivienda se encuentra David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, quien dejó claro en una entrevista a que «la mejor política para reducir el precio de la vivienda es aumentar la oferta».